Guanajuato, Gto 09 de octubre de 2018. El síndico del Ayuntamiento capitalino, Ramón Izaguirre Ojeda, aclaró que no deja ningún pendiente jurídico del órgano del gobierno ni de la administración.

Ramón Izaguirre Ojeda, síndico (Foto. Vivian Della Rocca)

Después de que el alcalde Edgar Castro Cerrillo, declarara que el representante legal, o sea el síndico, no ha firmado una serie de pendientes, Ramón Izaguirre en entrevista a parte aclaró que los únicos pendientes que se dejan son tres demandas, de las cuales dos no se han constado porque lo tiene que hacer el cabildo en pleno, pero no se puso fecha para sesionar.

Detalló que él solicitó al secretario del Ayuntamiento, Carlos Torres, poner en la orden del día la demanda de controversia constitucional por el caso donde la Sedatu no entregó al municipio cerca de tres millones de pesos del programa Hábitat.

También está la demanda civil en contra de la empresa Telecom que debe al municipio cerca de 87 millones de pesos, los dos temas están desde hace meses, pero no suben al pleno a su consideración.

La tercera demanda, detalló, es una resiente que interpuso María Esther Arteaga, ex directora del Instituto Municipal de Planeación, misma que vence el 12 de octubre, por lo que podría ser contestada por ésta administración o la que sigue.

“Quería evitar suspicacia para evitar un conflicto de intereses, y que firmara el síndico que estuvo de acuerdo con la remoción de María Esther Arteaga, o sea Marco Carrillo, pero dijeron que no en respuesta del secretario del Ayuntamiento”.

Y es que en la declaración del alcalde Edgar Castro Cerrillo, la cual se dio porque su equipo de comunicación solicitó a los medios de comunicación ‘preguntar sobre los pendientes jurídicos’, le pide al representante legal (Ramón Izaguirre) que deje todo firmado antes de las 11:59pm del martes 09 de octubre, aunque después de que se le interrogó sobre los pendientes y los temas, no quiso dar detalles.

Por ello, Ramón Izaguirre Ojeda, lamentó que hasta en los últimos días de su gestión siga existiendo ‘el divorcio’ entre el alcalde y la administración, desconociendo, en este caso en específico, el trabajo que ha hecho la primera sindicatura, no solo como representante legal sino fiscal.

Además, nuevamente queda en evidencia la falta de transparencia e información, pues en el caso de Telecom, el área jurídica tardó en entregar los documentos, haciéndolo de forma parcial, y al momento desconoció si le fue turnada la información a los demás integrantes del órgano de gobierno.